domingo, 12 de abril de 2015

AGUA: IDEAS PARA UN PLAN NACIONAL DE CONSENSO

Vista del castillo de Jumilla desde "El Charco del Zorro"
PROPUESTAS ELECTORALES PARA UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DEL AGUA: IDEAS PARA UN PLAN NACIONAL DE CONSENSO. Documento elaborado por Pilar Esquinas Rodrigo, Abogada Experta en Derecho de Aguas y  Luis Francisco Turrión Peláez, Geólogo, Especialista en Hidrogeología Aplicada.

Necesitamos una gestión científica, sostenible, democrática y participativa del agua; donde los ciudadanos tengan el derecho real a acceder al agua pública en igualdad de condiciones y de forma compatible con el medio ambiente, y a ver mejorado el estado ambiental de nuestros ríos y humedales. Todo ello, basado además, en los principios de unidad de gestión de cada cuenca hidrográfica y en el de la autosuficiencia hídrica de cada una de ellas. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Desde mediados del siglo pasado, las grandes empresas constructoras vienen influyendo en los gobiernos para ejecutar obras hidráulicas (trasvases y presas) amparándose en un supuesto “interés general” de los ciudadanos, pero sin evaluar bien otras alternativas más baratas.

Para ello, no se ha dudado en esconder estudios de prestigiosos científicos e instituciones, que han venido demostrando, ya desde el primer momento y hasta el día de hoy, que las aguas subterráneas propias de los acuíferos inferiores de las cuenca hidrográficas calizas, la desalación de aguas salobres y marinas y una gestión democrática de la demanda, son más que suficientes para mantener y desarrollar un regadío sostenible y eficiente y preservar, al mismo tiempo, los ecosistemas fluviales y humedales.
Extracto de un artículo publicado por el profesor M. Ramón Llamas Madurga en 1966, antes de realizarse en trasvase Tajo Segura, titulado "Los embalses subterráneos en la Planificación Hidráulica".

Extracto de un informe del IGME e IRYDA de 1974.

Portada del libro "Las aguas subterráneas en la gestión de la sequía. Ejemplo de la vega media y baja del Segura" editado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 2011
Esa vieja política trasvasista, ha llevado aparejada otra de “hundir las naves”, para que esa sea la única salida a una ficticia –que no real- “escasez de agua” en región como la de Murcia o Valencia por ejemplo, y basada en el mito político, y nada científico, de un supuesto “déficit hídrico”. Así, se ha llegado, vía  Real Decreto (Planes Hidrológicos 2009-2015) hasta prohibir a los ciudadanos nuevos usos de su propia agua: el agua subterránea que tienen bajo sus pies, en cuencas como la del Duero, Guadiana y Segura.
Para ello, se han empleado seis artificiosas hipótesis:

a) la de simplificar el funcionamiento de los acuíferos confinados como si de embalses superficiales se tratara;
b) la de considerar, en la mayoría de los casos, como nulas las trasferencias laterales de agua subterránea entre formaciones acuíferas;
c) la de estimar en casi nulos los drenajes subterráneos al mar -superiores éstos a los fluviales en las cuencas mediterráneas, según recientes estudios publicados en este mismo año 2015-;
d) la de entender los acuíferos como únicos en la vertical y no definir los superiores e inferiores;  
e) la de partir de la hipótesis de que es cero el agua embalsada en estos acuíferos inferiores -en contra de las estimaciones contenidas en prestigiosos estudios del IGME de finales del siglo pasado-; y
f) la de medir el estado de estos acuíferos frecuentemente confinados en pozos de constante bombeo cíclico, lo que distorsionan el valor de la presión real del agua en el interior de la masa de agua subterránea.

De paso, se justifica, con este falso déficit, el encarecimiento del recibo del agua municipal año tras año, cada día más controlada por multinacionales del agua privatizada; a pesar de que en ciudades como la de Murcia, se tenga que achicar el agua constantemente de muchos garajes y tirarla a las alcantarillas -a razón de unos 2.000 litros por segundo- para que no se inunden los coches. Agua que se podría utilizar en la industria y en la agricultura para ayudar a generar empleo; y que no solo sirva para regar jardines, como pasa ahora.


Diagnóstico de la situación actual

El Memorando sobre el Trasvase del Tajo, que incluyó el Gobierno en la nueva Ley de Evaluación Ambiental, no sólo ha introducido nuevas tensiones entre la cuenca cedente y receptora; sino además, entre los regantes de ese agua trasvasada, por un lado, y los tradicionales de las vegas del Segura aguas abajo del Azud de Ojós por otro. La reducción del volumen trasvasado en este año 2015, no se ha sustituido con agua propia de la cuenca del Segura todavía, tanto desalada como subterránea de sus acuíferos inferiores -que ni siquiera se han incluido en el nuevo Plan Hidrológico del Segura-.
La mezcla de esa agua subterránea propia más barata, con la de las nuevas desaladoras, actualmente infrautilizadas, permitiría aportar un importante volumen de agua para abastecimiento urbano, regadío y uso industrial a un precio más que razonable, aumentar su garantía en cantidad y calidad todos los años, hacer sostenibles las actuales y futuras demandas y poder avanzar así, hacia la autosuficiencia hídrica en la cuenca del Segura.

Por otro lado, los nuevos planes hidrológicos 2009-2015, enfocados hacia justificar nuevas obras de hormigón y hacia el “agua-negocio” del abastecimiento privado municipal, ponen trabas a los regantes e industriales para acceder a su propia agua, la subterránea, y están dificultando la recuperación económica por cuatro razones:

Primero, porque, en muchos casos, se les obliga a conectar su actividad a la red municipal y consumir sólo esa agua en exclusiva para todos los usos; ya sean de abastecimiento público o estrictamente industrial: como lavado de frutas, maquinaria, baldeo de instalaciones, refrigeración, riego de jardines o abastecimiento de ganado estabulado.

Segundo, porque ante situaciones puntuales de sequía en los cultivos de secano, como el almendro, vid y olivar, cultivos ampliamente distribuidos por la mitad sur de la península, se prohíbe hacer nuevos pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, de los previstos en la Ley de Aguas, para poder superar dicha falta temporal de agua de lluvia en base a muy discutibles declaraciones de mal estado cuantitativo y por los motivos arriba expuestos.

Tercero, porque al prohibirse nuevas concesiones de escasa importancia (hasta 50.000 m3/año) en muchos municipios, se está dificultando que se instalen nuevas industrias y nuevos regadíos sostenibles en las zonas desfavorecidas económicamente del interior peninsular y del sur. También, se dificulta la redotación de cultivos ya existentes, que necesitan más garantía de agua para ser más competitivos para el consumo interno y la exportación y

Cuarto, porque se han declarado algunos acuíferos en mal estado cuantitativo, lo que impide nuevos accesos a su agua, apartándose claramente del mínimo rigor científico exigible, como se ha dicho antes.

Por otra parte, y en contra de lo establecido por la Directiva Marco del Agua y otras normativas europeas de acceso a la información, siguen existiendo dificultades para que los ciudadanos puedan acceder a la información del uso y control del Dominio Público Hidráulico y tampoco existe una participación ciudadana real en la gestión del agua.

La creciente privatización de los servicios públicos del agua ha conducido a una gestión basada en el afán de lucro y en la escasa transparencia, afectando al acceso al agua de los sectores más desfavorecidos. Los municipios con el servicio privatizado han cortado el agua, en plena crisis económica, a las familias que no han podido pagarlo, violando de manera flagrante el derecho humano al agua, reconocido internacionalmente. A modo de ejemplo de este despropósito, algunos municipios, como el de Murcia, que tienen el agua de las más cara de España, en muchos barrios se ven obligados a achicar el agua subterránea de garajes y sótanos constantemente, para que no se inunden los coches.


¿A dónde queremos ir?

El agua es un bien estratégico que debe ser gestionado íntegramente por el Estado de forma compatible con el medio ambiente y respetando los derechos existentes. Por ello, consideramos que la gestión del agua en España debe ser pública, participativa y orientada a un desarrollo económico compatible con el medio ambiente y a la sostenibilidad de los recursos.

Además de los anteriores, la política de agua debe basarse en los principios de: la unidad de gestión de cada cuenca hidrográfica y en el de la autosuficiencia hídrica en cada una de ellas; y en el derecho de los ciudadanos a acceder al agua con igualdad de oportunidades y de forma sostenible y compatible con el medio ambiente, para que se pueda alcanzar el buen estado de nuestros ríos, acuíferos y humedales, como exige la Directiva Marco del Agua.

Todos los usos pueden ser sostenibles con el agua propia de cada demarcación hidrográfica. En efecto, las aguas subterráneas, mezcladas con las aguas desalobradas, desaladas, fluviales y reutilizadas pueden ayudar a esa autosuficiencia hídrica en un horizonte temporal cercano y afrontar un futuro de prosperidad económica,  con una más justa distribución de la renta y de forma compatible con el medio ambiente; y donde la gestión sea participada por la ciudadanía con un control democrático estricto, trasparente y real de las demandas.

Los ciudadanos no podemos tener el agua de abastecimiento municipal en manos de empresas privadas, que nos encarecen el recibo del agua todos los años, mientras nos cobran por achicar el agua subterránea de garajes y sótanos para que no se inunden nuestros coches.  El agua no puede ser un negocio, es un derecho humano que debemos recuperar con la remunicipalización del agua urbana.

El agua subterránea, administrada por el Estado mediante pozos que capten solo el agua de los acuíferos confinados inferiores, puede dinamizar la economía, posibilitando el desarrollo de nuevos regadíos de bajos consumos en zonas tradicionales de cultivos de secano, garantizando la permanencia de los ya existentes y posibilitando el establecimiento de industrias agroalimentarias o de otro tipo.

Las industrias deben tener una doble red de suministro de agua: una municipal de abastecimiento público y otra con agua más barata para usos industriales de gestión pública.


Propuestas:  

Medidas Inmediatas

1.    Derogar los artículos de los planes hidrológicos que prohíben el acceso de los ciudadanos al agua subterránea.
  •  Permitir los pozos de 7.000 m3 para regadío y para cualquier uso, aun disponiendo la parcela de agua de la red municipal.
  • Autorizar nuevas concesiones de aguas subterráneas de hasta 50.000 m3/año para cualquier uso siempre y cuando éste sea compatible con el medio ambiente.
  • Revisar las declaraciones de masas de aguas subterráneas en riesgo, por no ajustarse a Derecho tales declaraciones al carecer del rigor científico exigible.
2.    Gestión Pública de los embalses subterráneos. Al igual que la gestión de los embalses superficiales es pública, también debe serlo la de los embalses subterráneos. De tal forma que, salvo los pozos de menos de 7.000 m3 (que no requerirán autorización en todo el Estado, como dice la Ley de Aguas, salvo en espacios que tengan alguna figura de protección) y las concesiones de escasa importancia (menores de 50.000 m3/año a ejecutar a más de 1.000 metros de distancia de otros pozos emplazados en el mismo acuífero) el resto de usos será ejercido por el Estado para favorecer el interés general con las actuaciones y planes siguientes.
  • Elaboración de un plan estatal de incentivación de la economía rural con aguas subterráneas, con la ejecución de pozos en los acuíferos inferiores y balsas de riego para poner, a disposición de cooperativas municipales y comunidades de regantes, volúmenes de aguas subterráneas de entre 0,5 y 2 hm3/año para usos agrarios e industriales. Dichas cooperativas asumirán un canon trimestral de amortización de las obras del orden de los 10-20 céntimos de euro por metros cúbico de agua puesta en la balsa. Todo ello, al objeto de cumplir la Directiva del Agua en cuanto a la repercusión de costes de las obras públicas.
  •  Elaboración de un plan estatal de abaratamiento del precio del agua para la industria con aguas subterráneas en ciudades y municipios de más de 20.000 habitantes y en las que el precio del agua municipal supera la media nacional, y destinado a dotar a los polígonos industriales de una doble tubería de agua: la municipal potable y otra de usos exclusivo industrial con agua más barata y de origen subterráneo.
3.    Creación del organismo público Servicio Hidrogeológico de España para asesorar el desarrollo de estos programas de inversiones y su mantenimiento, dependiente del Ministerio de Presidencia, cuya misión será la de ejecutar duchas obras y trasferir luego su explotación a la Agencias Públicas del Agua.

4.    Creación de “bancos públicos de agua” en las zonas costeras mediante la integración de agua de distintos orígenes (desalada, desalobrada, subterránea, reutilizada y fluvial) para garantizar la demanda actual y futura con independencia de los periodos de sequía y de la procedencia inicial del agua utilizada.


Medidas estructurales

5.    Desarrollar estudios, programas y obras encaminadas a fomentar la autosuficiencia y la garantía hídrica, aportando agua al Segura al mismo precio y calidad actual de la del trasvase del Tajo, que será mezcla de distintas procedencias (acuíferos inferiores del Segura, aguas desaladas del mar o continentales desalobradas) y con dos únicas tarifas: una única para riego e industria y otra para abastecimiento público.

6.    Para ello, se crearán en cada demarcación hidrográfica la correspondiente Agencia Estatal del Agua Pública, que sustituirá a las actuales Confederaciones Hidrográficas y asumirán sus competencias. Estos organismos autónomos podrán suministrar el agua a los municipios directamente, sin intermediarios privados.

7.    La Planificación hidrológica debe integrar y cuantificar todos los componentes del ciclo hídrico real del agua y admitidos por la comunidad científica internacional; donde, a parte de la escorrentía fluvial, se debe contabilizar también la aportación profunda subterránea al mar desconectada de los cauces fluviales. Los valores medios de lluvia y evapotranspiración de cada cuenca hidrográfica, por su trascendencia, deberán ser certificados por la Agencia Estatal de Meteorología y los de las demandas deberán estar basados en datos empíricos, en inventarios actualizados y en estudios de campo. Como esto no se ha hecho así hasta ahora, se revisarán los Planes Hidrológicos vigentes con estos criterios científicos.

8.    Los puntos de observación del estado cualitativo y cuantitativo de los acuíferos serán propios y exclusivos de cada una de estas masas de aguas subterráneas superpuestas. Sus medidas serán “representativas” de la situación general y no podrán estar influenciadas por bombeos en pozos cercanos.

9.    Se dará continuidad a los estudios del IGME de los años 70 y 80 y se concluirá la delimitación de los acuíferos inferiores de cada cuenca hidrográfica, como se ha hecho ya en el Duero, cuantificando el volumen del agua acumulada en dichos embalses subterráneos, independientes unos de otros en la vertical, sus trasferencias laterales y las surgencias al mar.

10. Utilización de energías renovables para bombeo de agua de pozos y para las desaladoras, lo que permitirá avanzar en la autosuficiencia energética, con las ventajas económicas y ambientales que ello implica.

11. Asignar las aguas subterráneas de mejor calidad al abastecimiento y a la agricultura e industria aguas con la calidad acorde a dichos usos. Esto permite ganar en calidad del agua para abastecimiento y reducir costes de potabilización.

12. Mejorar los caudales ecológicos de los ríos, recuperar la vegetación de ribera, avanzar en el deslinde de ríos y ramblas, delimitar las zonas inundables y garantizar que los retornos urbanos a los cauces públicos alcancen los niveles de cantidad y depuración que exige la normativa europea.

13. Fomentar la restauración del patrimonio y elementos hidráulicos tradicionales existentes en los ríos, así como galerías subterráneas relevantes de las tradiciones históricas y de la cultura de los pueblos ligada al agua, que no deben perderse y que deben conocer las generaciones futuras.

14. Prohibir la fractura hidráulica o fracking, por los elevados riesgos que supone, entre otros, de contaminación de las aguas subterráneas.

15. Priorizar la distribución de las aguas superficiales por los propios ríos antes que por conducciones artificiales y mejorar la conectividad longitudinal de éstos, con la eliminación de azudes y presas inservibles o de uso no justificado, al objeto de mejorar la vida piscícola y ecológica de los mismos.

16. Prohibición de la Figura del Agente Recaudador Ejecutivo en las Comunidades de Regantes como figura autónoma con capacidad de embargar y subastar sin control judicial previo.
  
17. Respaldar el Pacto por el Agua Pública y sus propuestas: rescatar la gestión pública de los servicios de abastecimiento urbano y saneamiento, garantizar una dotación mínima, el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente y la participación ciudadana.


Para cualquier aclaración o ampliación de la información pueden contactar con:

Pilar Esquinas Rodrigo                                      Luis Francisco Turrión Peláez
Abogada Experta en Derecho de Aguas                Geólogo, Especialista en Hidrogeología Aplicada
Telf 639 28 09 84                                             638 94 55 55
Twitter: @EsquinasPilar                                    @tarfran

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